Ante la reciente situación migratoria vivida en la ciudad autónoma de Ceuta y el debate público generado en torno a la presencia de menores extranjeros no acompañados, las propuestas de devolución planteadas por diferentes responsables políticos, consideramos necesario manifestar nuestra posición desde este Consejo General, por el compromiso ético profesional y jurídico con la protección de la infancia y la defensa de los derechos humanos.
Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, son ante todo menores de edad en situación de especial VULNERABILIDAD independientemente de su nacionalidad, origen o circunstancias migratorias. Su condición de infancia debe situarse por encima de cualquier consideración política mediática o fronteriza.
La actuación de las Administraciones Públicas debe regirse por el principio del interés superior del menor Recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España, así como la normativa española de protección a la infancia especialmente la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y sus posteriores modificaciones.
Desde la Educación Social recordamos que cualquier decisión que afecte a estos menores debe GARANTIZAR:
Una valoración/evaluación individualizada de cada caso.
El derecho de niñas, niños y adolescentes, a ser escuchados y a participar en las decisiones que afecten a su vida.
La identificación de posibles situaciones de vulnerabilidad, riesgo, persecución, abandono o desprotección.
Asistencia Jurídica y la tutela efectiva durante los procedimientos administrativos.
La asistencia de garantías suficientes para asegurar que cualquier retorno o reagrupación familiar, se realicen condiciones adecuadas de protección y seguridad.
Consideramos, que las devoluciones colectivas o las decisiones basadas exclusivamente en criterios de control migratorio resultan incompatibles con los principios internacionales de protección a la infancia.
La gestión de las fronteras y la política migratoria son competencias legítimas de los Estados, pero estas deben ejercerse dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y de las obligaciones jurídicas asumidas por España.
La Educación Social entiende que las migraciones son fenómenos complejos, que requieren respuestas coordinadas responsables y basadas en evidencias alejadas de discursos que puedan contribuir a la estigmatización y al odio de colectivos vulnerables.
La utilización de niños, niñas y adolescentes como elemento de confrontación política supone ignorar sus historias personales, sus necesidades y su condición de sujetos de derechos.
Asimismo, consideramos imprescindible que las Administraciones Públicas, doten al sistema de protección de infancia y adolescencia, de Recursos Humanos y materiales SUFICIENTES, garantizando unas condiciones dignas de acogida acompañamiento socioeducativo e inclusión social, tanto los territorios fronterizos, como en el conjunto del Estado.
La respuesta ante las llegadas migratorias debe combinar una gestión ordenada de flujos migratorios, con el cumplimiento estricto de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Defender la protección a la infancia y adolescencia, no significa negar los retos existentes, sino abordarlos desde la responsabilidad, la legalidad y la dignidad humana.
Desde la Educación Social reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad democrática, que PROTEGE a sus niños, niñas y adolescentes, SIN DISCRIMINACION por origen o nacionalidad, y recordamos que ninguno de ellos, debe ser reducido a una cifra, una amenaza, o a un instrumento de debate político.
En Madrid, a 13 de agosto de 2026
CONSEJO GENERAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES
